RIU DEFIENDE LEGALIDAD DE SU PROYECTO

No hay riesgo de daño ambiental, ni hay evidencias de ninguna ilegalidad, aseguró el abogado, José María Ortega.

Un tema de competencia y la futura mezcla de turistas VIP, con vacacionistas all inclusive, en una misma playa, es para el Grupo Riu lo que mantuvo frenada la construcción de su hotel Riviera Cancún en la tercera etapa de este centro turístico, a través de litigios jurídicos que considera concluidos, pues desestima que prosperen los que están en trámite actualmente.

“No hay riesgo de daño ambiental, ni hay evidencias de ninguna ilegalidad”, aseguró el abogado, José María Ortega, del despacho “Ortega Abogados Asociados”, quien, junto con otro bufete local, ha defendido a Riu de la batería de litigios promovidos desde hace cinco años, principalmente, por Promotora Punta Nizuc, propiedad de Antonio Cosío Pando.

Cosío Pando es cabeza del Grupo Brisas y dueño del hotel Nizuc, un exclusivo hotel de 274 cuartos que opera bajo el sistema europeo, localizado a un costado del predio donde Riu inició el lunes pasado, la construcción de 530 habitaciones y edificios de siete y 16 pisos, como parte de un centro de hospedaje que opera bajo el sistema todo incluido, con la masividad que caracteriza a la firma ibérica (Cancún: nuevo hotel de Riu de 16 pisos inicia su construcción).

El empresario inauguró su hotel Nizuc en mayo de 2014, pero meses después vio amenazado su modelo de negocios cuando Riu adquirió en noviembre de ese año, el predio contiguo para edificar un hotel, cuya densidad era tres veces mayor a la hasta entonces había aplicado en la zona, altamente vulnerable a los efectos del Cambio Climático, de acuerdo con estudios hechos por el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt), encargados por la Secretaría de Turismo (Sectur).

En calidad de residente afectado, Cosío emprendió una batalla legal para combatir los permisos que, presuntamente, se otorgaron de forma indebida. Ante ello, la empresa española se ha defendido en tribunales, en un caso que propició la parálisis de un Programa de Desarrollo Urbano (PDU 2013-2030) y que incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con resultados a su favor, ya que el amparo en revisión se declaró improcedente y fue desechado por la Segunda Sala de ese, el máximo tribunal del país.

“No basta con decir que soy un ciudadano de Cancún y que voy a ser afectado con la construcción de un proyecto, sin tener una sola prueba. Por fortuna vivimos en un sistema donde prevalece el Estado de Derecho, en donde prevaleció la razón.