REINO UNIDO APRUEBA LEY DE SUICIDIO ASISTIDO EN LA CÁMARA BAJA
La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó el pasado viernes una histórica proposición de ley que legaliza el suicidio asistido en Inglaterra y Gales, con 330 votos a favor frente a 275 en contra. La iniciativa, impulsada por la diputada laborista Kim Leadbeater, avanzará en el proceso legislativo, con un examen más detallado y posibles enmiendas en la Cámara de los Lores antes de una votación final, que podría demorar varios meses. Este proyecto de ley, denominado "Proposición de Ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales", busca regular la asistencia para morir en personas con enfermedades terminales y expectativas de vida de menos de seis meses.
A lo largo de la jornada, los diputados debatieron el asunto con gran intensidad, desde las 9:30 hasta casi las 14:30 horas. Dado que el tema es altamente sensible, los partidos permitieron que los parlamentarios votaran de acuerdo con su conciencia, sin instrucciones de voto vinculantes. En este contexto, el primer ministro británico, Keir Starmer, que previamente se había mantenido neutral, finalmente votó a favor de la proposición, un indicio de que las posiciones en el Parlamento podrían cambiar en función de la evolución del debate público.
El proyecto presentado por Leadbeater establece condiciones más estrictas en comparación con iniciativas previas que no habían logrado ser aprobadas. Entre los nuevos requisitos, se exige que los solicitantes sean residentes en Inglaterra o Gales y hayan estado registrados con un médico de cabecera durante al menos 12 meses. Además, los interesados deben ser capaces de tomar una decisión informada y libre de presiones. La ley también estipula que la persona afectada debe hacer dos declaraciones separadas sobre su deseo de morir, firmadas ante testigos, y someterse a la evaluación de dos médicos antes de que se otorgue una orden judicial.
Una de las novedades más importantes de esta propuesta es que, aunque se permitirá que un médico prepare el compuesto letal, solo la persona afectada podrá tomarlo por sí misma. Esto establece un límite claro para la intervención médica, asegurando que no haya terceros involucrados en la administración del compuesto. Además, la ley impone sanciones severas, con penas de hasta 14 años de cárcel, para aquellos que presionen, engañen o coarten a alguien para que se suicide.
A las puertas del Parlamento, diversas organizaciones, incluidas las de personas con discapacidades, se manifestaron tanto a favor como en contra del proyecto de ley. Este tipo de iniciativas genera un debate intenso en la sociedad, ya que involucra profundas cuestiones éticas, morales y sociales relacionadas con el derecho a decidir sobre el propio final de la vida.
