Prevenir y combatir la violencia feminicida, la gran deuda de Quintana Roo

En lo que va del año, más de 300 mujeres víctimas de violencia sexual han interpuesto una denuncia

La madrugada del nueve de agosto, en Cancún, una joven fue violada por cuatro sujetos, a bordo de un taxi que, presuntamente, operaba de forma irregular y cuyo número de serie fue clonado.

El caso se suma al de las 324 mujeres víctimas de violencia sexual que han denunciado en Quintana Roo, en lo que va del año, y que no necesariamente tienen como agresor a un taxista, aclaro.

La cifra fue aportada por el fiscal general del estado, Oscar Montes de Oca, quien además declaró que se han registrado 10 feminicidios y que el segundo delito más denunciado en la entidad es el de violencia familiar.

El Índice Delictivo y de Emergencias con perspectiva de Género del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, indica que, de enero a junio de este año, se reportan 30 homicidios dolosos en agravio de mujeres; que 32 han sido víctimas de extorsión, que 21 menores de 17 años denunciaron corrupción de menores; que tres han sido víctimas de secuestro y dos, de Trata de Personas.

El reporte señala que hasta junio, se recibieron al número 911, 10 mil 196 llamadas de mujeres, denunciando violencia de pareja; 8 mil 406 por violencia familiar; 86, por abuso sexual; 80 por violación, y 33 por acoso y hostigamiento sexual.

En general, no se trata sólo de cifras, ni son sólo carpetas de investigación o simples datos. Son historias de vida tocadas con crueldad, lastimadas y a veces destruidas, si no existe contención psicológica, atención médica, asesoría jurídica, apoyo, acompañamiento, reparación del daño y justicia.

Para brindar ese nivel de atención a las mujeres víctimas de violencia en cualquier de sus modalidades y tipos, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) diseñó un modelo conocido como Centro de Justicia para la Mujer (CJM).

Estos centros proporcionan diversos servicios y programas para facilitar, agilizar y volver amigables, los tortuosos procesos que debe seguir una mujer víctima de violencia, que busca frenar ese ciclo, recibir atención y que se castigue a quien o quienes la agredieron.

Durante el mandato de Roberto Borge como gobernador, se usaron recursos federales para remozar medianamente una agencia del ministerio público destartalada y readecuarla como Centro de Justicia.

Con el cambio de gobierno y la Alerta de Violencia de Género en puerta, se pidió al gobernador Carlos Joaquín González, habilitar un verdadero Centro de Justicia para la Mujer.

El mismo inmueble que dejó Borge, fue remodelado, ampliado e inaugurado en mayo de 2018, pero tampoco se apegaba al modelo.

El 13 de agosto pasado, la nueva directora del Centro, admitió que de los 48 lineamientos que debe cumplir para su correcta operación, sólo cubre uno.

Un buen comienzo es admitirlo. Un segundo buen paso, fue sustituir a quien no hizo gran cosa para hacerlo operar debidamente. Un tercer acierto, es comenzar a corregirlo, fortalecer ese espacio y áreas al interior de la Fiscalía General y de las Fiscalías Especializadas en la materia, como está sucediendo.

Ojalá las acciones no se queden ahí a semanas del Tercer Informe de Gobierno, sino que aumenten, como debe crecer la fuerza de todo el estado y de la sociedad, para la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las mujeres.