Policías estatales serían los verdaderos implicados en el caso José Eduardo
Una narrativa emergente ha comenzado a cobrar fuerza en Mérida: la idea de que José Eduardo fue asesinado por policías estatales, y no por policías municipales.
Hasta hace algunas horas, eran sólo dos las narrativas principales las que se disputaban la atención del público.
De acuerdo con una, José Eduardo no fue violado y torturado por los policías municipales que le detuvieron. Abonan a esta hipótesis la declaración del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, de que tiene registro de cada momento en que el joven estuvo bajo custodia de la policía municipal, y de que en ninguna parte de estos videos se observan torturas o violaciones. De acuerdo con Barrera, el joven salió caminando por su propio pie de las instalaciones de esa corporación, por lo que las agresiones habrían ocurrido después de la liberación de José Eduardo.
De acuerdo con la otra, José Eduardo fue violado y torturado por policías municipales de Mérida. Esta versión recibió un respaldo importante cuando, justo después de la defensa de Renán Barrera a sus policías, se filtraron videos donde se observa al joven ser sometido con uso excesivo de la fuerza y maltratado. Incluso un policía colocó su rodilla en el cuello de José Eduardo por un tiempo insoportablemente largo. Los videos terminan con imágenes del cuerpo inerte del joven dentro de una celda.
¿Por qué prestar atención entonces a la hipótesis de que fueron policías estatales quienes terminaron con la vida de José Eduardo? Dos piezas de evidencia ayudan a responder a esta pregunta.
a) La primera consiste en el registro en video de cada minuto que José Eduardo estuvo custodiado por policías municipales, desde su detención hasta su liberación, actualmente en poder de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
En estos videos se podrían observar hechos cruciales que por el momento no están disponibles para el público. Por ejemplo, que el joven habría sido acostado en la batea de una camioneta de la policía municipal al ser detenido y transportado en menos de 15 minutos a las instalaciones de la policía municipal.
También se apreciaría que, después de recobrar el conocimiento, José Eduardo se incorporó y movió normalmente por su celda, se estiró, descansó, e incluso lavó su camisa. Las únicas muestras de daño físico serían un moretón en su hombro y una ligera cojera.
Finalmente, los videos supuestamente registran el momento en que, 24 horas después de haber sido detenido, el joven es puesto en libertad y recibe una nueva camisa, pues la suya estaba recién enjuagada. Las grabaciones concluirían con José Eduardo saliendo descalzo de las instalaciones municipales, con sus zapatos en mano y con la prenda mojada encima de la seca que le fue entregada.
b) La segunda pieza de evidencia está constituida por una copia de la demanda que José Eduardo interpuso ante la Fiscalía General de Yucatán, vista por el autor de esta columna. Ahí, José Eduardo afirma que fue detenido en la calle 47 del centro de Mérida (justo en los linderos que separan la zona de acción de la policía municipal y la policía estatal) y que fue interceptado por una patrulla anti-motín por lucir sospechoso.
La camioneta habría sido negra y con distintivos amarillos (los colores característicos de los vehículos de la policía del estado). José Eduardo habría sido increpado por agentes vestidos de negro y con la leyenda “policía estatal” bordada en su uniforme. Incluso se menciona los nombres de dos de estos agentes.
En su demanda, el joven afirma con claridad que fueron agentes de la policía estatal quienes lo “amarraron como cochino” torturaron y violaron.
Si estas evidencias fuesen válidas y esta hipótesis se confirmase, la indignante y terrible historia de José Eduardo sería más compleja de lo que se ha apreciado en un inicio.
Resulta de la mayor relevancia notar que esta complejidad sería consistente con las evidencias que soportan a las dos narrativas originales. También acomodaría aparentes contradicciones, como la declaración del joven de los policías que le agredieron lo detuvieron simplemente por parecer sospechoso y los registros que indican que los policías municipales lo detuvieron tras una denuncia.
Para ser claro, la hipótesis que queda sobre la mesa es la siguiente. José Eduardo habría sido detenido en dos ocasiones. La primera, por la policía municipal tras haber arrojado una piedra. La segunda, por la policía estatal por lucir “sospechoso”.
No hay duda de que la policía municipal maltrató al joven. Lo sometió con fuerza excesiva e incluso le colocó la rodilla en el cuello por un tiempo insoportablemente largo; pero no lo habría torturado ni violado. Esto último habría corrido por cuenta de la policía estatal de Yucatán (la principal violadora de derechos humanos en ese estado). La historia que José Eduardo contó a su madre y plasmó en su denuncia correspondería a la segunda de estas detenciones.
Alguien podría objetar que aun si esta hipótesis se confirmase, el acalde de Mérida y su policía deben pagar el costo de sus errores, fallas y malas decisiones. Como hemos visto, es claro que la policía municipal es responsable de maltratar a José Eduardo.
De confirmarse esta hipótesis, también sería evidente que Renán Barrera, probablemente por motivos políticos, fue tibio en su manejo del caso de José Eduardo: con tal de no confrontarse con Mauricio Vila -el gobernador de Yucatán-, el alcalde de Mérida habría barajado originalmente una versión descafeinada de hechos que eran de su conocimiento.
Pero esta objeción no tiene fuerza, pues la hipótesis de que policías estatales terminaron con la vida de José Eduardo es compatible con la idea de que la policía municipal de Mérida abusó de su poder y de que Barrera ha manejado mal este caso. Si bien es cierto que ambos elementos implican responsabilidades, de ello no se desprende que la nueva narrativa sea falsa.
También se podría alegar que el simple hecho de considerar con seriedad la hipótesis emergente que hemos revisado implica caer en el forcejeo político entre Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y Renán Barrera, alcalde de Mérida. Es bien sabido que ambos gobernantes tienen aspiraciones electorales que podrían terminar seriamente lesionadas por su responsabilidad en el caso de José Eduardo. Mientras que Vila sueña con ser pre-pre-presidenciable panista, Barrera ambiciona con ser, contra los deseos de Vila, gobernador de su estado.
Pero a lo anterior se debe responder que en este caso es una obligación moral y legal conocer la verdad y lograr que se haga justicia para José Eduardo. Para ello, es indispensable analizar con cuidado todas las evidencias creíbles disponibles, sin importar su origen o motivación o quiénes resulten perjudicados. En consecuencia, tanto los videos en poder de la Fiscalía como la denuncia de José Eduardo tendrían que ser revisados íntegramente por personas independientes y eventualmente abiertos a la ciudadanía.
En este contexto, la intervención del Presidente y de la FGR tendrían que ser considerados una buena noticia.
Gracias a una larga hilera de antecedentes, sería ingenuo suponer que la Fiscalía General del Estado de Yucatán cuenta con la capacidad o la voluntad de hacer una investigación verdaderamente independiente y de considerar con seriedad la hipótesis que se desprende de la narrativa que hemos revisado.
Esa fiscalía no sólo ha estado plegada al gobernador en turno, sino que también lo está su secretaría de seguridad. En este sentido, hay que tomar con mucha seriedad la acusación de inconsistencias en la investigación hecha por el abogado de los policías municipales inicialmente señalados (Reforma, 18/08/2021).
La intervención de instituciones federales es, sin embargo, insuficiente. Si Vila y Barrera verdaderamente tienen la intención de que se haga justicia, ambos tendrían que aceptar, tal como ha sugerido la abogada Kalycho Escoffié (Animal Político, 09/08/2021), que su actuar en este caso sea revisado y auditado por organizaciones de derechos humanos acreditadas.
Sólo así podría despejarse cualquier sombra de complicidad que se desprende de la intervención de la fiscalía estatal y cualquier jugueteo político con que podría intentar enturbiarse la investigación de la FGR; sólo así se podría verificar cualquier hipótesis.
Pero, sobre todo, el acalde de Mérida y el gobernador de Yucatán tendrían que reconocer, públicamente y con total humildad y transparencia, que el caso de José Eduardo ha desnudado la terrible crisis de violaciones de derechos humanos en sus policías -una crisis que, en el caso de la policía estatal, ha sido documentada ad nauseam-.
Si este no fuese el caso, la filtración de videos no hubiese puesto el reflector en los policías municipales. Tampoco sería creíble suponer que José Eduardo pudo ser asesinado por policías estatales y que hubiese sido encubierto por el gobierno yucateco o por la Fiscalía General de ese estado.
En este sentido, el futuro político de Mauricio Vila y de Renán Barrera ha dejado de depender únicamente de su capacidad de eludir la responsabilidad en la muerte un joven que llegó a Mérida lleno de sueños y esperanzas.
Ambos gobernantes tienen ahora la obligación de demostrar que son capaces de reformar instituciones que, por el momento, recurren sistemáticamente a torturas y malos tratos. De lo contrario, resultará muy complicado convencer al electorado de que en sus futuros gobiernos no existirán víctimas de cuerpos policiacos que terminen sufriendo la suerte de José Eduardo.
