MINISTRO PROPONE LIMITAR REFORMA JUDICIAL Y DEFENDER INDEPENDENCIA DE JUECES
La reciente propuesta del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, busca bloquear aspectos de la reforma judicial impulsada por el oficialismo. Este proyecto de sentencia, aunque no invalida completamente la enmienda, pretende eliminar la elección de jueces y magistrados de distrito y circuito por voto popular, como propone la reforma, y mantener el actual sistema de carrera judicial. Alcántara argumenta que la elección de estos jueces vulnera principios esenciales como la independencia judicial y la división de poderes, elementos básicos de un sistema democrático.
Para aprobar este proyecto, se requieren al menos ocho de los doce votos en la Suprema Corte. La votación es incierta debido a que la postura del bloque mayoritario no está garantizada, aunque solo tres ministros apoyan directamente al oficialismo. Este contexto coincide con el anuncio de la renuncia de varios ministros, incluido Alcántara, lo que refleja un rechazo a la participación en elecciones judiciales y a la idea de que jueces y magistrados deban ser elegidos en urnas, como lo establece la enmienda promovida por Morena.
La reforma también ha generado tensiones en la esfera política. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que su partido no respetará una decisión de la Corte si ésta rechaza la reforma. La situación anticipa un choque de poderes a medida que el Gobierno de Claudia Sheinbaum comienza, en un ambiente marcado por la influencia de Andrés Manuel López Obrador, promotor de la reforma judicial y fundador de Morena.
El proyecto de Alcántara señala que el voto popular para jueces y magistrados no garantiza la democratización del Poder Judicial. Afirma que los criterios propuestos, como presentar un ensayo o cartas de recomendación, son ambiguos y carecen de consistencia. Además, el sistema de Comités de Evaluación, que seleccionaría a los candidatos, está estructurado con base en criterios subjetivos de "reconocimiento en la actividad jurídica" y sin parámetros claros de preparación judicial.
Finalmente, Alcántara también critica la limitación al juicio de amparo que propone la reforma. Considera que la restricción de los jueces para dictar suspensiones generales de normas afecta derechos colectivos, como los ambientales, impidiendo a activistas frenar políticas públicas a través del amparo. Aunque apoya la creación del Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar el comportamiento de jueces, el proyecto alerta sobre la ambigüedad que podría abrir la puerta a controlar el contenido de sus sentencias, lo que atentaría contra la independencia judicial.
