MIGRANTES ENFRENTAN NUEVOS CARGOS POR INGRESAR A ZONA MILITAR EN NUEVO MÉXICO
En el extremo sur del estado de Nuevo México, Estados Unidos, un grupo de migrantes detenidos recientemente enfrenta ahora un nuevo cargo penal por haber ingresado a lo que ha sido designado como una zona de defensa nacional. La medida se da luego de que el Ejército estadounidense asumiera la supervisión directa de un tramo de 274 kilómetros en la frontera con México, en coordinación con las autoridades migratorias, lo que ha transformado parte de esa región en una extensión controlada por la Guarnición del Ejército en Fort Huachuca, Arizona.
El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía Federal, presentó los nuevos cargos el pasado lunes, señalando que al menos seis personas fueron procesadas por invadir sin autorización propiedad considerada de defensa militar. Esta acción se produce en un contexto de creciente presencia castrense en la frontera, donde se han incrementado las patrullas, ampliado caminos y reforzado el muro fronterizo como parte de una estrategia de control migratorio. Aunque la ley estadounidense impide a los soldados realizar funciones de orden civil, una cláusula conocida como doctrina de propósito militar permite ciertos despliegues bajo condiciones específicas.
Durante una reciente visita a la zona, el Secretario de Defensa Pete Hegseth enfatizó la gravedad de ingresar a estas nuevas áreas protegidas, declarando que cualquier persona que cruce sin autorización será detenida por tropas del Ejército o la Patrulla Fronteriza. En un video difundido en redes sociales, Hegseth explicó que al ingresar a esa franja fronteriza, los migrantes estarían violando una zona considerada base militar, y por lo tanto, enfrentarían consecuencias legales por ello. Estas declaraciones refuerzan la política del gobierno federal de blindar ciertas regiones fronterizas mediante una intervención militar indirecta.
Sin embargo, esta decisión ha generado serias preocupaciones entre organizaciones defensoras de derechos civiles. Rebecca Sheff, representante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nuevo México, advirtió que esta militarización representa una amenaza para los derechos constitucionales, ya que debilita el principio fundamental de que las fuerzas armadas no deben vigilar a la población civil. Sheff también alertó sobre el riesgo de que ciudadanos estadounidenses residentes en zonas cercanas sean objeto de las mismas medidas restrictivas. El corredor militarizado abarca también la conocida Reserva Roosevelt, una franja de 18 metros de ancho que recorre la frontera, excluyendo zonas tribales o de propiedad privada, y cuyo control pasó recientemente del Departamento del Interior al Departamento de Defensa.
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#BMnoticias | Migrantes detenidos en el sur de Nuevo México ahora enfrentan cargos federales por ingresar a una nueva zona militarizada bajo control del Ejército de EE. UU.
