La ONU pide a México que desmilitarice la Guardia Nacional

La ONU, por medio del Comité de Derechos Humanos, pidió a México desmilitarizar la Guardia Nacional y resolver con prontitud el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa.

El organismo dio a las autoridades mexicanas un plazo de dos años para responder a ambas peticiones.

En el sexto examen periódico de México a cargo del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lamentó que en el caso Ayotzinapa “no se aclare aún el paradero de los estudiantes, se sancione a los responsables ni se repare de manera integral a las víctimas”.

Sobre la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pidió reformas en el entrenamiento de sus efectivos para evitar abusos que el Comité ha denunciado en otras fuerzas de seguridad mexicanas, como ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias.

“La Guardia Nacional fue creada para un momento determinado y no iba a estar militarizada durante mucho mas tiempo, iba a ser civil, pero ese componente civil no lo encontramos“, señaló Tania Abdo Rocholl, la vicepresidenta del Comité.

También miembro del Comité, Helene Trigoudja indicó que las cuestiones de seguridad no deberían estar en manos de fuerzas militares o solo debería ser en circunstancias muy excepcionales”.

Un tercer punto que el Comité consideró urgente, para el que también dio plazo de dos años, fue el acoso a periodistas y defensores de derechos humanos.

Esto, ante el alto número de asesinatos y ataques contra estos colectivos.

Lamentó que no haya cuerpos de seguridad o judiciales especializados en este tipo de acosos, por lo que pide que se destinen más recursos al combate de estas violaciones de derechos humanos y una exhaustiva investigación.

Otro de los muchos aspectos sobre el que el Comité transmitió preocupación fue el maltrato a los migrantes, en un momento de aumento de los flujos migratorios desde Centroamérica a Estados Unidos y presiones del gobierno estadounidense al mexicano para frenarlos.

“México tiene una situación bastante compleja en sus fronteras y preocupan mucho las denuncias que recibimos de vulneración de varios derechos humanos, incluso trafico ilegal, maltrato o torturas”, subrayó Abdo Rocholl.

Por otro lado, el Comité expresó su preocupación por las amenazas a la independencia judicial en México.

Helene Trigoudja precisó que esas amenazas adoptan diversas formas, desde la reducción de salario de los jueces hasta sanciones disciplinarias contra ellos, así como amenazas directas en los periódicos.

Las altas y crecientes tasas de homicidios, la violencia de género contra mujeres y niñas o la falta de uniformidad legislativa en materia de derechos humanos entre la política nacional y las federales de los distintos estados son otros puntos negros.

En el lado positivo, da la bienvenida a la creación en los últimos años de legislaciones como la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura o la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas (ambas de 2017), aunque lamenta su lenta aplicación.