Congreso de Campeche exige al rector de Unacar atender casos de acoso contra alumnas
El Congreso local pidió al rector de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), José Antonio Ruz Hernández, atender los casos de acoso sexual denunciados por alumnas de esa institución, a quienes el funcionario ignoró y obligó a callar
“Vemos con mucha preocupación las manifestaciones de jovencitas que acusan acoso sexual cometido por maestros en las aulas de la Unacar”, denunció en la tribuna legislativa el diputado independiente Luis Hernández.
En vísperas de la marcha feminista realizada el pasado domingo 8, alumnas de esa institución académica se manifestaron para hacer público el acoso sexual que enfrentan cada día, pero las autoridades universitarias las obligaron a levantar su protesta. Y ayer salieron nuevamente a manifestar su inconformidad.
“Pese al miedo, ayer estas jóvenes se armaron de valor y levantaron la voz en las instalaciones del campus principal de la Unacar, con sede en Ciudad del Carmen. Pidieron ser escuchadas y atendidas por el rector, pero él hizo oídos sordos a los reclamos”, según el legislador.
La “cerrazón” del rector, añadió, “en nada abona” a la educación de excelencia que la sociedad carmelita pretendía lograr para sus jóvenes en la Unacar, cuya infraestructura y plantilla de maestros creció gracias a las aportaciones de los pescadores.
Por ello, exigió a Ruz Hernández que investigue “estos hechos bochornosos y delincuenciales” y que se castigue con todo rigor a los maestros responsables.
También pidió asignar a las jóvenes víctimas de acoso un abogado para que, si es su deseo, puedan presentar una denuncia formal en contra de los maestros acosadores ante la Fiscalía General del estado.
“No se puede salir a decir que apoyamos a las mujeres, si nuestros actos dicen lo contrario”, reprochó, y exigió al rector que presente su renuncia si no es capaz de atender estos reclamos.
Sobre la Unacar, implicada en la “estafa maestra”, la diputada morenista María Sierra Damián denunció las presuntas irregularidades administrativas tras asegurar que hay un fraude de más de 300 millones de pesos, además de empleados fantasmas.
