CENTRO PRODH ADVIERTE QUE REFORMA JUDICIAL ANULA DIVISIÓN DE PODERES Y PONE EN RIESGO LOS DERECHOS HUMANOS


El Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez (Centro Prodh) ha lanzado una severa crítica a la reciente reforma judicial aprobada en México el 11 de septiembre. En un comunicado emitido este miércoles, el Centro Prodh argumenta que esta reforma representa una amenaza significativa para la estructura democrática del país, al afirmar que "anula la división de poderes" establecida en la Constitución. Según el Centro, el denominado “Plan C” podría tener consecuencias graves para el equilibrio de poder en México, así como para la protección de los derechos humanos.

La organización ha expresado su preocupación de que esta reforma judicial podría erosionar las bases democráticas del país al permitir la implementación de medidas que, en su opinión, contradicen los principios fundamentales de separación de poderes.

En su publicación en la red social X, el Centro Prodh destaca que la reforma incluye disposiciones que favorecen la prisión preventiva oficiosa y la militarización, así como la eliminación de órganos protectores de derechos humanos. Estas medidas, según el Centro, podrían resultar en una mayor concentración de poder y en la debilidad de las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

El Centro Prodh también subraya que la reforma podría facilitar la captura política del poder judicial, un riesgo que consideran particularmente preocupante. La captura política, en este contexto, se refiere a la influencia indebida de los intereses políticos en las decisiones judiciales, lo que podría comprometer la imparcialidad y la justicia en el sistema legal. La organización advierte que esta situación podría deteriorar aún más la confianza pública en el sistema judicial y en las instituciones democráticas en general.

Además, el Centro Prodh critica la reforma por su enfoque en la militarización, argumentando que esta tendencia podría tener efectos adversos sobre el respeto y la protección de los derechos humanos. La participación de las fuerzas armadas en funciones tradicionales de la policía y la justicia, según el Centro, puede agravar la violación de derechos y limitar la capacidad de las instituciones civiles para llevar a cabo su labor de manera efectiva y equitativa.